Ser víctima de un accidente de tráfico de gravedad (por ejemplo, con lesión medular que conduce a una paraplejia), suele conllevar una demanda judicial.
En estos casos la peritación de las secuelas físicas es relativamente sencilla: existen, de forma fehaciente lesiones, tiempo de recuperación, secuelas físicas, que pueden ser observadas y tasadas para la oportuna reclamación.
Las secuelas psicológicas son algo más complicado de evaluar. Nos encontramos con la realidad de un demandante, con unos abogados que defienden su caso y unos abogados que protegen los intereses de la parte contraria (culpables, aseguradoras, el Estado o cualquiera de sus órganos por negligencia...).
La parte demandante tiene que demostrar sus secuelas, y en el caso de la evaluación psicológica, al ser una evaluación basada en conductas, pensamientos o la demostración de trastornos psicológicos derivados de la condición médica post-accidente, es un trabajo que requiere minuciosidad y la aplicación de instrumentos psicométricos que demuestren la existencia de daño psíquico.
Una persona víctima de accidente, que tiene unas secuelas físicas de carácter irreversible, presenta con una alta frecuencia un cuadro de indefensión aprendida: su situación anímica, con un posible cuadro de trastorno adaptativo, le hace incapaz de plantearse un pleito en el que demuestre el daño psicológico que sufre.
Sin embargo, en los casos de secuelas físicas de carácter severo, en los que existe un cambio dramático en las condiciones de vida y de movilidad, la peritación psicológica exhaustiva se hace imprescindible, ya que estas personas tendrán que luchar toda la vida por "normalizar" su vida, buscar nuevas formas de disfrutar, olvidando lo que antes era su vida, y esto supone un desgaste psicológico continuo que debe ser objeto de la pertinente reparación como secuela de máxima gravedad.
